El gobierno estatal del PP suprimió en julio del año 2012 la paga extra a todos los empleados públicos. Esta medida fue un recorte más que repercutió en todos los trabajadores de la sanidad pública de canarias, que continuamos sufriendo las penosas condiciones laborales a las que se nos ha sometido en los últimos años, y se insiste en seguir aplicando la penalización económica cuando el personal enferma, en seguir ahorrándose el personal que hace falta en los servicios sanitarios públicos a costa de mantener las prolongaciones de la jornada laboral, se mantienen en suspenso las distintas carreras profesionales, la reposición de vestuario, la injusta jornada laboral que sufrimos, en suspenso partidas para la acción social, sin aportaciones al plan de pensiones, etc.

La Federación de Salud de Intersindical Canaria en Gran Canaria, exige al Gobierno de Canarias y a la Consejería de Sanidad el compromiso concreto y confirmado del pago de ese 50 por ciento de la paga. No tenemos la culpa de las consecuencias que provocan las políticas del Gobierno estatal  y de Canarias. Los trabajadores sanitarios no son responsables ni de la crisis, ni del paro, ni de la pobreza. 

No hay justificación alguna para retrasar el abono de lo que se nos debe y no es de recibo que ahora afirmen desde el Gobierno de Canarias que dependerá del margen presupuestario. Ese dinero se nos eliminó indebidamente y lo queremos cobrar lo antes posible. 

El Gobierno de Canarias refuerza las políticas de austeridad, que están en la raíz del problema. Las cuentas del 2016 se han incrementado en un 5,3 por ciento respecto al año anterior, 375 millones de euros, de los cuales 270 millones van directamente al pago de la deuda, es decir a las entidades financieras. Recordar que en los últimos años, fruto de esa política, se han restado al presupuesto sanitario: En el 2010 redujo en 140 millones de euros el presupuesto destinado a sanidad; En 2011 el recorte en sanidad fue de 394 millones; En el 2012 hubo un incremento global en sanidad  del  2,7 por ciento, incremento no real, para conciertos sanitarios; En el 2013 disminución real de 210 millones de euros -180 millones más el recorte en gasto farmacéutico-; En el 2014 incremento globalmente para sanidad el presupuesto en un 1,65 por ciento, no real, continuaron los recortes en personal, salarios, etc. Es decir que globalmente en un periodo de cuatro años los recortes han sido de 744 millones de euros, sobre los 800 si sumamos el gasto farmacéutico no contabilizado.

Antes de la celebración de las elecciones generales y en un intento de ganar votos de los empleados públicos, el PP habilita la devolución de la paga extra injustamente eliminada. Al Gobierno de Canarias le compete la devolución del 50% restante de dicha paga. 

La Sanidad Pública universal y de calidad ha sido la base fundamental para el desarrollo del Estado del Bienestar y es uno de los pilares para asegurar la solidaridad y la equidad dentro de una sociedad, pues supone el esfuerzo de las personas con más poder económico y más sanas para permitir la atención sanitaria de los que tienen menos y están enfermos. En los últimos años hay una campaña generalizada para desprestigiar y desmantelar los sistemas públicos de salud, y lo público en general, coincidiendo con el auge del neoliberalismo, que quiere privatizar los sistemas sanitarios públicos. No podemos renunciar a esta conquista social: la obtención del derecho a la atención sanitaria, una de las conquistas más importantes de la segunda mitad del siglo XX, un bien público equiparable al derecho al voto, la educación o tener una pensión. Nuestro sistema sanitario hasta ahora ha gozado de gran aprecio internacional, precisamente por su universalidad, fácil accesibilidad y carácter equitativo. Estamos convencidos y lo demostramos con datos técnicos, que los sistemas de sanidad públicos, accesibles, con organización y gestión esencialmente públicas y una elevada calidad de prestaciones, ofrecen resultados globales de salud mejores que otros modelos. Y lo mismo puede decirse en general de otros servicios públicos.

Canarias, a 1 de marzo de 2016.