Justo tres años después de la aprobación del decreto que acabó con la cobertura sanitaria en España tal y como la conocíamos hasta entonces, el Gobierno pone sobre la mesa -la del Consejo Interterritorial de Salud que se celebró hace unos días, formado por las y los consejeros de Sanidad de todas las comunidades autónomas- una propuesta que parece replantearse el alcance de su propia normativa, el Real Decreto Ley 16/2012, que se ha demostrado injusto e ineficaz. Dice el Gobierno que pretende "armonizar" las condiciones en las que se presta la atención sanitaria en toda España. Es curioso, porque armonizada ya estaba antes de 2012, y fue precisamente la aprobación de la reforma sanitaria, por la vía del decreto y sin debate social y parlamentario, lo que propició que las autonomías tomaran caminos diferentes: unas aplicaron el decreto a rajatabla, otras apostaron por atender en sus servicios de salud descentralizados a las personas inmigrantes "expulsadas" por la legislación nacional, creando "programas especiales", y unas terceras se rebelaron directamente contra la exclusión, ignorándola.

Así pues, el resultado directo de la reforma impuesta por el Gobierno ha sido la generación de una serie de subsistemas sanitarios paralelos “para pobres” que rompen precisamente con el principio de equidad territorial que, supuestamente, se pretendía fortalecer. Las decisiones autonómicas que se están sucediendo en las últimas semanas para reconocer el acceso universal de las personas excluidas por el Real Decreto-Ley 16/2012 representan un importante avance, pero no bastan para resolver este mapa parcheado de soluciones dispares, frente al sinsentido de la reforma sanitaria.

En sus declaraciones, los representantes del Gobierno central insisten una y otra vez en confundir a la ciudadanía, relacionando la atención sanitaria a personas inmigrantes sin recursos con el llamado "turismo sanitario". Un concepto que hace referencia a ciudadanos europeos que utilizan los recursos del sistema de salud español por su calidad y porque disponen de segundas residencias en nuestro país. En este caso, la obligación del Estado es gestionar con los países de origen de estas personas el retorno del gasto ocasionado, algo de lo que el ejecutivo no se está ocupando adecuadamente, según el Tribunal de Cuentas...

Para leer el artículo completo, pulse:

http://voluntariadomdmcanarias.blogspot.com.es/