Publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº 253 de 31 de Diciembre de 2014, la Ley de Presupuestos para la Comunidad Autónoma de Canarias en el 2015.
En el BOC con idéntica fecha a la anterior, se ha publicado el DECRETO 129/2014, de 23 de diciembre, por el que se adoptan medidas coyunturales para la reducción del gasto público durante el año 2015.
Igualmente se publicó la Resolución de 23 de diciembre de 2014, por la que se dispone la publicación del Acuerdo que prorroga el Acuerdo del Gobierno relativo a las medidas y acciones extraordinarias para la reducción del gasto en la actividad administrativa en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, organismos autónomos, entidades públicas empresariales, entidades de derecho público, sociedades mercantiles públicas dependientes y fundaciones públicas.
Montoro ha anunciado que en 2015 el gasto público disminuirá en un 3.2%, un nuevo error en ese tipo de políticas. La hegemónica ideología neoliberal ha intentado durante mucho tiempo hacernos creer que la gestión privada siempre es mejor que la gestión pública. La crisis económica actual es en buena parte consecuencia de la lógica privada de la rentabilidad, estudios académicos demuestran que la gestión pública tiene muchas más ventajas que la gestión privada. El Gobierno de Canarias con estos presupuestos, tampoco se aleja de la línea de austeridad, sin alternativas, sin mejor gestión y con una excesiva política de conciertos con la sanidad privada. La gestión directa de los servicios públicos es más eficiente y más barata que la privada. La privatización de servicios esenciales tiene efectos negativos en el plano social, además de en el empleo. Los hospitales con ánimo de lucro (así como la Atención Primaria) son más caros (19% más de media que los hospitales sin ánimo de lucro). Los profesionales sanitarios tienen menor estabilidad laboral, trabajan un 10% más de horas, y los salarios son un 20% inferiores a los trabajadores públicos. La privatización de la Sanidad ha encarecido de forma importante el gasto sanitario y ello además ha ido vinculado a un deterioro de la calidad de las prestaciones y por ende, de la calidad asistencial.