El 25 de noviembre, como cada año, se conmemora el día Internacional contra la violencia de género. Este día, trata de visibilizar una lacra que afecta en forma de trata, violencia sexual, económica, psicológica, el acoso, la mutilación, genital a cerca de un 70% de la población mundial, especialmente de mujeres donde, de forma alarmante, es precisa y principalmente en sus propios hogares, donde deberían tener la mayor protección, donde son sometidas a esta violencia por parte de personas en su mayoría allegadas.

Esta fecha tiene sus orígenes en América Latina, donde, desde 1981, las organizaciones de mujeres de la región eligieron esa fecha en honor a las dominicanas Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, tres hermanas que fueron asesinadas por su oposición al régimen del dictador Rafael Leónidas Trujillo el 25 de noviembre de 1960. Es a partir de 1999, cuando la ONU se suma a la jornada reivindicativa y declara cada 25 de noviembre Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. [Fuente de la información: WEB del Confederal Nacional de IC]

En honor al origen de la efeméride, hay que decir que este sábado, se cumplen 57 años del asesinato de las hermanas a manos del dictador, conocidas como las “mariposas “y activas militantes de un movimiento de resistencia político contra el régimen de Trujillo. Sus cuerpos fueron hallados destrozados en el interior de un jeep hundido en un barranco, en Salcedo, al noreste de República Dominicana y esto supuso uno de los detonantes de la caída del régimen.

La situación, aunque ha cambiado algo en las formas, no en el fondo. A día de hoy es importante recordar el verdadero espíritu de la efeméride, porque va más allá de dedicar un día al año a una problemática que tiene tantas ramificaciones y donde las Instituciones también aplican o favorecen a su modo, al menos en Canarias, esta violencia, por sus decisiones políticas, y no están realizando todo lo necesario para resolver o paliar esta lacra. La situación socioeconómica en nuestra tierra, donde las personas que se encuentran en riesgo de pobreza extrema alcanzan más de un 33% de la población (unas 600.000 personas, en su mayoría mujeres), sumado a los niveles de paro y de precariedad laboral, son componentes añadidos que dejan a muchas personas que quieren desarrollar su propio proyecto de vida en la indefensión, en una dependencia extrema de los maltratadores efectivos.

Y no vale sólo con invertir ingentes cantidades de dinero público en campañas tipo spot televisivo, sino que se hace necesario desarrollo político de un plan estratégico integral y multidisciplinar dotándolo de las partidas necesarias y con la implicación efectiva del conjunto de los entes sociales, porque no sólo es repudiar la violencia, que también, se trata principalmente de evitarla y proteger a las víctimas.